Comunicado (descargalo aquí) Atención Primaria en Madrid: SoMaMFyC insta a la Comunidad de Madrid a realizar un plan de choque de recursos humanos, mejora de las condiciones laborales y retorno para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Sociedad...
INCERTIDUMBRE Y MIEDO GENERADOS POR LOS SMS ENVIADOS A POBLACIÓN MIGRANTE POR EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
INCERTIDUMBRE Y MIEDO GENERADOS POR LOS SMS ENVIADOS A POBLACIÓN MIGRANTE POR EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD: otra vuelta de tuerca (descarga aquí nota de prensa completa)
Desde la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y comunitaria (SEMAP), la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM) y la Sociedad Madrileña de Medicina en Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) denunciamos la situación de incertidumbre y desprotección que están viviendo muchas personas migrantes en la Comunidad de Madrid tras la emisión masiva de mensajes SMS que solicitan la actualización de su NIE o pasaporte para seguir de alta en la Tarjeta Sanitaria. Estos mensajes han sido enviados desde la Subdirección General de Aseguramiento Público y Prestaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud a numerosas personas extranjeras, incluyendo pacientes con enfermedades graves que han recibido hasta tres notificaciones en un solo día.
Si bien la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha intentado aclarar a varios medios de comunicación que el hecho de recibir este mensaje no implica que los destinatarios vayan a ser dados de baja del sistema sanitario, ni que pierdan su derecho a la asistencia sanitaria, la redacción de los SMS induce al miedo y la confusión. La frase “Dispone de 30 días para seguir de alta en Tarjeta Sanitaria” genera una percepción de amenaza que, en la práctica, puede disuadir a muchas personas de acudir a los servicios de salud por temor a ser excluidas del sistema o enfrentar dificultades administrativas.
Según afirma la Consejería, el objetivo de estos mensajes es asegurar que la fecha de validez de su alta en el sistema se actualice para garantizar que el derecho a la atención sanitaria persista. Sin embargo, el SMS solo se ha enviado a personas extranjeras no europeas con NIE/pasaporte caducado y, probablemente por error, a personas con permiso comunitario porque tienen vacía la fecha de caducidad de su documento identificativo en la base de datos del SERMAS, y no a cualquier persona con DNI caducado.
Si hacemos un pequeño recorrido histórico, el Real Decreto-Ley 16/2012 introdujo un cambio significativo en la configuración del sistema sanitario en España, limitando el acceso de personas extranjeras, lo que afectó a miles de migrantes. En 2018, el Real Decreto-Ley 7/2018 proclamó la restitución de la universalidad en el acceso al sistema sanitario, pero no recuperó completamente la lógica previa a 2012. Aunque este cambio mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia, el decreto sigue teniendo carencias importantes, que perpetúan la exclusión sanitaria, especialmente en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que siempre se ha caracterizado por aplicar la lectura más restrictiva de la normativa. Cabe señalar por ejemplo la introducción, en noviembre de 2021, de las Unidades de Tramitación, retirando de los Centros de Salud el acceso efectivo a los derechos sanitarios, a lo que hay que añadir que, aunque en la resolución 16/2023 se consideraban con acceso menores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades que pudieran tener un impacto en la salud pública, también están teniendo dificultades el acceso al servicio de salud porque se les exige empadronamiento, que no siempre tienen o pueden obtener.
El impacto de estas barreras, como es ahora el envío masivo de SMS, es especialmente grave para personas en situación de vulnerabilidad, como menores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o personas mayores, que pueden ver interrumpida su atención sanitaria simplemente por dificultades en la actualización de documentos administrativos. En muchos casos, los trámites para renovar el NIE o el pasaporte pueden demorarse más de los 30 días mencionados en el SMS, lo que genera una angustia innecesaria y pone en riesgo la continuidad asistencial.
Numerosos estudios destacan que el estrés crónico debido a la discriminación y exclusión social tiene un impacto directo en la salud, contribuyendo a la aparición y empeoramiento de diversas condiciones de salud. Es decir, vivimos la paradoja de que la Consejería de Sanidad de Madrid perjudica seriamente la salud, contribuyendo de forma innecesaria a este estrés con este envío masivo de SMS.
Desde AMaSaP, SEMAP, AMSM y SoMaMFyC exigimos a la Consejería de Sanidad que garantice una comunicación clara y libre de ambigüedades sobre los derechos sanitarios de la población migrante, evitando el uso de mensajes que generan alarma. Instamos también a la eliminación de obstáculos administrativos innecesarios que pueden comprometer el acceso efectivo a la sanidad pública. Es fundamental que las administraciones adopten un enfoque basado en la protección de la salud y no en la burocratización de los servicios, lo que ya se conoce como violencia burocrática.
Asimismo, pedimos que se garantice la asistencia sanitaria efectiva a todas las personas, como derecho fundamental que es, y que no debería tener condicionamientos administrativos que generen exclusión o incertidumbre. La sanidad pública debe ser accesible para todas las personas, sin distinción de origen ni situación documental. La falta de claridad en la información y los procedimientos administrativos restrictivos no solo afectan a las personas migrantes, sino que también generan una sobrecarga innecesaria en los centros de salud y dificultan el trabajo de los y las profesionales de la salud.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del acceso universal a la sanidad y seguiremos vigilantes ante cualquier acción que ponga en riesgo este derecho. Exigimos a las autoridades sanitarias una respuesta urgente y medidas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Madrid, 29 de marzo de 2025