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Documento GdT Inequidades en Salud
COMUNICADO GRUPO DE TRABAJO INEQUIDADES EN SALUD- SALUD INTERNACIONAL SOBRE EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CAÑADA REAL GALIANA
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente a nivel energético[1]. La OMS considera la pobreza energética como un problema social y de salud pública, y el suministro eléctrico como un requisito previo para la buena salud, en gran medida ignorado por la comunidad internacional. Numerosos estudios han mostrado cómo la pobreza energética afecta a la salud[2].Además, la pobreza energética no aparece de forma aislada, sino que tiene características estructurales y se asocia con otro tipo de desigualdades, como es el desempleo o empleo precario e informal, bajo nivel educativo y barrios aislados con escasos servicios públicos. Desde hace años se ha señalado la importancia que toma esta cuestión en nuestro país, especialmente a raíz de las crisis económica de la última década[3].
Este problema adquiere dimensiones especialmente preocupantes en el caso de la Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento informal con más de 40 años de historia, donde conviven familias de distintos orígenes y situaciones de vulnerabilidad, pero todos compartiendo la irregularidad de las infraestructuras y la falta de servicios públicos en el mismo. En el año 2017 las administraciones competentes firmaron un pacto de actuación en Cañada Real para dar respuesta a las problemáticas de la zona, entre las que se encuentra el suministro eléctrico[4]. Sin embargo, desde la primera semana de octubre de 2020, las 2.953 personas que se estima viven en el sector 6 (de las cuales 1.211 son menores de edad) no tienen suministro adecuado y continuo de electricidad. Además, desde principios de noviembre hay cortes de luz también en el sector 5 (donde viven 1.660 personas, de las cuales 601 son menores de 18 años). De modo que, en plena pandemia por la COVID y con temperaturas muy bajas, más de 4.500 personas, de las cuales 1.812 son menores de edad, están sufriendo los efectos de la pobreza energética en condiciones de precariedad habitacional. Ni las administraciones, que se comprometieron a garantizar el suministro eléctrico a través del pacto firmado en 2017, ni la compañía eléctrica (Naturgy) han dado una solución al problema.
Durante estos meses, el equipo de atención primaria que trabaja en la zona ha alertado sobre los problemas de salud que están encontrando (descompensaciones enfermedades crónicas, aumento de las infecciones respiratorias, intoxicaciones por inhalación de humos, hipotermias y eritemas pernios en niños, quemaduras y aumento de accidentes domésticos, trastornos del ánimo, entre otras) [5]. Numerosas organizaciones y organismos nacionales e internacionales se han pronunciado instando a las administraciones competentes a restaurar el suministro eléctrico en la zona por la grave vulneración de derechos fundamentales para la población que allí reside.
Desde el grupo de trabajo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de Somamfyc queremos mostrar nuestro apoyo a la población, denunciar la vulneración de derechos básicos que supone el corte de suministro eléctrico e instamos a las instituciones y organismos públicos y privados implicados a que actúen con la mayor brevedad posible para resolver esta situación. Por estos motivos, nos hemos sumado a las más de 100 organizaciones que solicitan al gobierno que acabe con los cortes de luz[6] y garantice de forma urgente el derecho de la población, especialmente de la infancia, al acceso a una vivienda digna.
El suministro eléctrico insuficiente pone en grave riesgo cada día la salud de la población, más en el contexto climático y de pandemia que atravesamos. El suministro eléctrico debería estar garantizado para disminuir la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales durante la pandemia[7], porque es parte de la estrategia nacional contra la pobreza energética y además así está recogido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre[8]. No restaurar el suministro eléctrico tiene un alto coste en salud que es evitable e injusto.
[1] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
[2]http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/the-health-impacts-of-cold-homes-and-fuel-poverty , https://gacetasanitaria.org/es-energy-poverty-its-intensity-health-avance-S0213911120301941
[3] https://www.eapn.es/publicaciones/350/estrategia-nacional-contra-la-pobreza-energetica-2019-2023
[4] https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/pacto-regional-canada-real-galiana
[6] https://pobresaenergetica.es/es/2021/01/13/mas-de-100-organizaciones-exigen-al-gobierno-que-acabe-con-los-cortes-de-luz-que-se-reparten-por-todo-el-estado/